El traidor: Miguel Lorente en TEDxBarcelonaWomen
La violencia de género no es un problema que afecte al sector privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad que existe en nuestra sociedad. Es una violencia que se dirige a las mujeres por el hecho mismo de ser consideradas, por sus agresores, carentes de los mínimos derechos de libertad, respeto y capacidad de decisión.
Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Además, continúa nuestra Carta Magna, estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y sólo por ley se puede regular su ejercicio.
Las Naciones Unidas, en la IV Conferencia Mundial de 1995, reconocieron que la violencia contra la mujer es un obstáculo para alcanzar los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y socava el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres. También la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada, que consiste en “la agresión que sufren las mujeres como consecuencia de las condiciones socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándolo en una posición de subordinación al hombre y que se manifiesta en los tres ámbitos básicos de la relación de la persona: el maltrato en las relaciones de pareja, la agresión sexual en la vida social y el acoso laboral. “
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En España el siglo XXI comenzó con importantes modificaciones en la ley de inmigración (Ley Orgánica 4/2000) y en la de violencia de género (Ley Orgánica 1/2004). Estas modificaciones simultáneas de estas leyes motivaron este estudio, cuyo objetivo es la determinación del perfil y los logros socioeconómicos de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género tras su ingreso en una casa de acogida andaluza. El trabajo estadístico incluye datos sobre las usuarias inmigrantes de las casas de acogida que fueron recogidos en el marco de un proyecto de investigación, así como fuentes de datos oficiales. Algunas de las principales conclusiones son que la mayoría de estas mujeres tienen antecedentes familiares de malos tratos y son víctimas derivadas de los mismos, presentan denuncias policiales y órdenes de protección obtenidas contra los agresores y los recursos económicos de estas mujeres tras salir de la casa de acogida es un factor importante en su decisión de volver con el maltratador.
Dada la importancia de la Ley Integral en la lucha contra la violencia de género, en los últimos años numerosos estudios han abordado aspectos específicos contenidos en la legislación. Algunos autores han examinado la violencia de género desde la perspectiva de la educación (Ferrer et al., 2011;
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La violencia de género en Andalucía, al igual que en el resto de las regiones europeas, es un problema estructural que sigue existiendo y afecta a todos los sectores sociales. Para erradicar este tipo de violencia se están desarrollando políticas públicas a diferentes niveles. Estas políticas incluyen medidas centradas en la protección, la atención personalizada y la recuperación total de las víctimas y sus hijos desde una perspectiva integradora. Se ha demostrado que para mejorar la eficacia de los recursos es necesaria la puesta en marcha de mecanismos de coordinación institucional (incluyendo la aplicación de planes personalizados y atención integral). El proyecto pretende mejorar la coordinación de las diferentes Administraciones gracias al intercambio de información y protocolos. Además, el proyecto establecerá el Plan Personalizado de Seguridad y Atención Holística para dar una respuesta adaptada a cada víctima, y sentará las bases para la creación de una “ventanilla única”. El proyecto espera mejorar la eficacia de los recursos destinados a la erradicación de la violencia de género, repercutiendo positivamente en las víctimas de este tipo de violencia y en sus hijos, así como en los profesionales de este ámbito.
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Según el jefe de la policía de Andalucía, Paul Hudson, la ciudad comenzó a prestar servicios directos a las víctimas en los condados de Covington y Butler en enero de 2017 a través de una asociación con la división de Servicios para Adultos de Youth Advocate Programs (YAP).
“Tener esta subvención renovada nos permite continuar proporcionando los servicios a las víctimas de la violencia doméstica, la agresión sexual, la violencia de pareja y la trata de personas que comenzamos en 2017”, dijo Hudson. “El programa ha sido un gran éxito y un recurso muy necesario para la gente del condado de Covington y los condados de Butler”.
El premio también ayudará a proporcionar fondos para servicios de refugio de emergencia, vivienda temporal y de transición, vivienda permanente, servicios de asesoramiento y abuso de sustancias, referencias para alimentos, ropa, asistencia financiera y más.
Hudson dijo que además de proporcionar servicios a las víctimas, la financiación ayuda a proporcionar a los oficiales y proveedores de servicios con la formación especializada en la respuesta y la investigación de la violencia doméstica, asalto sexual, la violencia de pareja y la trata de personas.