Menor en conflicto con la ley [Child in Conflict with
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Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 Texto pertinente a efectos del EEE
Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 Texto pertinente a efectos del EEE
Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 Texto pertinente a efectos del EEE
La Declaración del G-20, de 2 de abril de 2009, sobre el fortalecimiento del sistema financiero, abogaba por la realización de esfuerzos coherentes a nivel internacional que tuvieran como objetivo reforzar la transparencia, la responsabilidad y la regulación, mejorando la cantidad y la calidad del capital del sistema bancario una vez asegurada la recuperación económica. Esa declaración también pedía la introducción de una medida suplementaria no basada en el riesgo para contener la acumulación de apalancamiento en el sistema bancario, y el desarrollo de un marco para reforzar los colchones de liquidez. En respuesta al mandato del G-20, en septiembre de 2009 el Grupo de Gobernadores de Bancos Centrales y Jefes de Supervisión (GHOS) acordó una serie de medidas para reforzar la regulación del sector bancario. Dichas medidas fueron aprobadas por los líderes del G-20 en su Cumbre de Pittsburgh de los días 24 y 25 de septiembre de 2009 y se expusieron en detalle en diciembre de 2009. En julio y septiembre de 2010, el GHOS publicó otros dos anuncios sobre el diseño y la calibración de esas nuevas medidas, y en diciembre de 2010, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) publicó las medidas definitivas, que se denominan marco de Basilea III.
Johnny Depp declara en el juicio por difamación contra Amber Heard
El requisito primordial de la política de contratación es que toda la contratación pública debe basarse en la relación calidad-precio, definida como “la mejor combinación de calidad y eficacia por el menor desembolso durante el periodo de uso de los bienes o servicios adquiridos”. Esto debe lograrse a través de la competencia, a menos que haya razones de peso para lo contrario.
Además de estos principios fundamentales del Tratado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido algunos principios jurídicos generales. Los más importantes de estos principios generales del derecho que debe conocer en el contexto de la contratación pública son:
Desde la década de 1970, la UE ha adoptado normas para garantizar que el mercado de la contratación pública de la UE sea abierto y competitivo y que los proveedores reciban un trato equitativo y justo. Las normas abarcan aspectos como la publicidad de los contratos, los procedimientos de evaluación de las credenciales de las empresas, la adjudicación de los contratos y los recursos (sanciones) cuando se incumplen estas normas.
Las normas de la UE se recogen en una serie de directivas que se actualizan periódicamente. Los Estados miembros tienen que elaborar legislación nacional (reglamentos) para aplicar las normas de la UE en la legislación nacional dentro de determinados plazos. La última actualización de las directivas de contratación pública de la UE se produjo en abril de 2014. Esta actualización fue el resultado de una exitosa campaña de presión por parte del gobierno del Reino Unido y de nuestros socios de la UE para negociar un régimen de normas de contratación más simple y flexible. Los Estados miembros disponían entonces de dos años para incorporarlas a su legislación nacional, es decir, antes de abril de 2016.
Derecho Mercantil II – Profesor Sharma (Clase 5, Capítulo 31
Una Ley para modificar y consolidar la ley relativa a la construcción e interpretación de las Leyes del Parlamento, para regular algunos otros asuntos relacionados con las Leyes del Parlamento y con los poderes y deberes estatutarios, y para hacer disposiciones generales para propósitos conectados o similares a los propósitos antes mencionados.Parte I – Preliminar
(1)Sujeto a esta sección, esta Ley se aplicará-(a)para la construcción e interpretación de, y de otro modo en relación con, todas las Leyes del Parlamento (incluyendo esta Ley y las Leyes promulgadas antes de la entrada en vigor de esta Ley);(b)para la construcción e interpretación de instrumentos estatutarios e instrumentos especificados (incluyendo instrumentos hechos antes de la entrada en vigor de esta Ley); y(c)en todos los demás casos en que sus disposiciones sean relevantes y puedan ser aplicadas. (2)Cuando-(a)se disponga expresamente que esta Ley o cualquier disposición de la misma no se aplicará; o(b)haya algo en el tema o en el contexto que sea incompatible con la aplicación de esta Ley o de cualquier disposición de la misma, esta Ley o esa disposición de la misma, según sea el caso, no se aplicará.(3)Esta Ley no se aplicará para la construcción o interpretación de los instrumentos constitucionales o de una ley aplicada.Parte II – Significado de ciertas expresiones y referencias
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El informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas en junio de 2013 se enmarca en el convencimiento de que una economía competitiva requiere administraciones públicas eficientes, transparentes y ágiles.
En esta misma línea, el Programa Nacional de Reformas de España para 2014 prevé expresamente la aprobación de nuevas leyes administrativas como una de las medidas a impulsar para racionalizar la actuación de las instituciones y entidades del poder ejecutivo, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentando su productividad.
La Constitución recoge en su título IV, bajo la rúbrica “Gobierno y Administración”, los rasgos propios que diferencian al Gobierno de la Nación de la Administración, definiendo al primero como un órgano eminentemente político al que se reserva la función de gobernar, el ejercicio de la potestad reglamentaria y la gestión de la Administración y estableciendo la subordinación de ésta a la gestión de aquél.
Estas actuaciones “ad extra” de las administraciones tienen una mención explícita en el artículo 105 del texto constitucional, que establece que la ley regulará la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten, así como el procedimiento a través del cual deben realizarse los actos administrativos, garantizando, en su caso, que proceda, la audiencia a los interesados.