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El acceso a una primera vivienda por parte de cualquier joven es quizás el acontecimiento más relevante en el proceso de su emancipación vital. Sin embargo, los elevados precios de la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, y los ajustados sueldos mensuales que perciben quienes comienzan su carrera profesional, hacen ardua esa independencia personal. En el País Vasco, la emancipación juvenil es un hecho relativamente tardío en comparación con el resto de Europa.
En este sentido, las dificultades para acceder a un hogar producen situaciones de exclusión entre los jóvenes y retrasan el relevo generacional, constituyendo un dilema para el conjunto de la sociedad. Así lo demuestran los descensos de las tasas de natalidad y los aumentos de los ratios de envejecimiento en el territorio (por ejemplo, hoy en día en el País Vasco, la población menor de 35 años sólo alcanza el 32,5%).
Por otro lado, las entidades públicas con competencias políticas en este ámbito, como el Gobierno Vasco y los ayuntamientos, promueven conjuntamente diversas políticas que tratan de paliar esta situación entre los jóvenes, como los programas dirigidos a la disponibilidad de vivienda protegida, la renta complementaria y las ayudas a la rehabilitación del parque de viviendas. A pesar de todo este esfuerzo, el 64% de los jóvenes menores de 35 años aún no se ha emancipado.
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Los beneficiarios de estas ayudas son exclusivamente agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) acreditados en las categorías de Institutos de Investigación Sanitaria y Organismos de I+D en Salud. Existen cuatro tipos de proyectos:
Constituye una serie de ayudas para apoyar Proyectos de Investigación Industrial o de Desarrollo Experimental. Los proyectos, tanto competitivos como estratégicos, deben desarrollarse en el sector empresarial vasco, y en las áreas de especialización incluidas en el marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020.
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La preocupación del País Vasco por los recién licenciados que se marchan al extranjero cuenta con una iniciativa que espera ayudar a que vuelvan los que se fueron a otras comunidades autónomas o países a buscar trabajo hace más de un año mediante una partida de 1,76 millones de euros. Una cantidad que se destinará a que unas 200 personas menores de 35 años vuelvan a casa con un trabajo seguro este año.
El plan se pondrá en marcha a través del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, con el fin de incentivar a las empresas del País Vasco a contratar a aquellas personas que, habiendo adquirido experiencia o formación en el extranjero, quieran volver y desarrollar su carrera profesional en la comunidad autónoma.
Así, el plan de retorno juvenil beneficia a todos los jóvenes menores de 35 años que tengan un vínculo con el País Vasco, independientemente de su nivel de estudios. Podrán acogerse a él quienes estén en posesión de una titulación universitaria o hayan cursado ciclos formativos de grado superior o medio, así como quienes tengan un título de Formación Profesional o de Educación Secundaria Obligatoria o quienes no tengan ninguna titulación. El único requisito es haber residido en el extranjero o en otro lugar del Estado español durante al menos los últimos doce meses, no haber trabajado en el País Vasco durante ese periodo y no tener “vínculos previos” con la empresa contratante.
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El 27 de octubre se celebró en Bilbao un acto para celebrar el 10º aniversario del Programa Vasco de Protección Temporal de Defensores de Derechos Humanos, que es una iniciativa del Gobierno Vasco. El programa se desarrolla a través de la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, con el apoyo de eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, y es gestionado por CEAR-Euskadi [Comisión de Ayuda al Refugiado en el País Vasco].
El programa vasco es uno de los ocho programas de protección temporal de defensores de los derechos humanos que llevan a cabo algunas administraciones autonómicas y ayuntamientos junto con organizaciones sociales.
El objetivo del programa es proteger a los defensores de los derechos humanos cuya vida o integridad física está amenazada por la actividad que desarrollan en su país de origen en defensa de la vida y la justicia social, acogiéndolos en el País Vasco durante un periodo de seis meses. Su estancia en el País Vasco les permite descansar y cuidarse, con el objetivo de ganar fuerza física y emocional.