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Las medidas relacionadas con el mercado laboral son especialmente relevantes y controvertidas. A grandes rasgos, estas medidas buscan proteger a los trabajadores y evitar la destrucción de empleo durante y después de la crisis. Para ello, el Gobierno español ha: dificultado y encarecido el despido de trabajadores por parte de las empresas durante la crisis; impuesto una baja temporal retribuida a algunas empresas, etc. (ver Reales Decretos-Leyes 8/2020, 9/2020 y 10/2020, en español). Los costes de estas medidas son asumidos mayoritariamente por el Estado -a través de la Seguridad Social- y las empresas.
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En el primer apartado, el Real Decreto-Ley define el ámbito de aplicación de la legislación, que incluye, por un lado, la prestación de servicios esenciales que se apoyan en redes y sistemas de información incluidos en aquellos sectores estratégicos definidos por la Ley 8/2011, mencionada en el párrafo anterior. Dichos sectores incluyen, entre otros, el alimentario, el energético y el químico y nuclear, así como los servicios digitales que se consideran como mercado en línea, motores de búsqueda en línea y servicios de computación en la nube.
Dicho esto, el Real Decreto-Ley regula uno de los puntos más significativos de esta normativa, que es la notificación de incidencias. Dichas notificaciones, que deben realizarse a través de los Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (los “CSIRT”), deben llevarse a cabo siempre que los incidentes “tengan efectos perturbadores significativos” en los servicios esenciales. Por ello, el Real Decreto-Ley ofrece una serie de parámetros que ayudan a definir este concepto para determinar si un determinado evento puede ser incluido o no dentro de dicha categoría. Asimismo, define el término “servicios esenciales” como el servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad y el bienestar social de los ciudadanos, entre otros. Estas notificaciones se harán siempre de forma anónima y el personal que informe sobre este tipo de incidencias no será objeto de represalias. En el caso de que el denunciante sea una entidad, ésta no podrá ser objeto de mayor responsabilidad.
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Todo ello tras una Recomendación de la Comisión Europea que animaba a los Estados miembros a adelantar la aplicación del Reglamento (UE) 2019/452, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión, que debía entrar en vigor el 11 de octubre de 2020 (Reglamento UE 2019/452).
El Reglamento UE 2019/452 se basa en la noción de IED, en contraposición a la inversión de cartera en valores extranjeros, y gira en torno a la posibilidad de que los Estados miembros adopten mecanismos de control y decisiones de control sobre los inversores extranjeros por razones de seguridad u orden público, adoptando además las medidas necesarias para identificar e impedir que se eludan dichos mecanismos y decisiones (artículos 3.1 y 3.6).
Es necesaria la autorización para aquellas inversiones realizadas por determinados inversores (véase el apartado 2.3) o realizadas en empresas que operan en determinados sectores considerados estratégicos (véase el apartado 2) cuando como consecuencia de dicha inversión (i) el inversor posea una participación igual o superior al 10 por ciento del capital social de una empresa española, o (ii) el inversor adquiera el control de la empresa (la “Inversión”), siempre que se dé una de estas circunstancias:
CARTAS ENVIADAS AL PRESIDENTE BS AQUINO (desde 2011)
Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, De Medidas De Apoyo A Los Deudores Hipotecarios, De Control Del Gasto Público Y De Cancelación De Deuda Con Empresas Y Particulares Contratados Por Las Instituciones Locales, De Fomento Del Emprendimiento Y De I…
El desarrollo de la crisis financiera internacional y sus consecuencias en España han llevado al Gobierno, en los últimos meses, a tomar diversas medidas para reforzar la capacidad de respuesta de la economía española, a intensificar las previsiones de apoyo a las personas que se encuentran en situaciones más difíciles a causa de la crisis y a dar el mayor impulso posible a las iniciativas vinculadas al desarrollo de nuevas formas de actividad económica y de creación de empleo.
En este contexto, el comportamiento de los mercados de deuda pública, y especialmente en los países de la zona euro, hace necesaria la adopción de nuevas iniciativas que refuercen la confianza internacional en la economía española y expresen claramente el compromiso de las instituciones españolas con las reformas acordadas en el seno de la Unión Europea en materia de control de la evolución del gasto público y de fomento de la actividad económica en España. Ambos elementos son imprescindibles para mantener la capacidad de financiación de las administraciones y empresas españolas en el mercado internacional.