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La nota podrá otorgarse a los solicitantes que cumplan las condiciones básicas establecidas en este reglamento. Además, existirá una categoría de “Plata” y otra de “Oro”, que podrán otorgarse a propuesta de la Comisión de Valoración mencionada en el artículo 7, en función de la naturaleza de la actividad y del grado de cumplimiento de las recomendaciones específicas que se detallan en el anexo de este reglamento.
2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de un cuestionario de autoevaluación sobre las medidas higiénicas, sanitarias y de prevención aplicadas y de una declaración de conformidad. Asimismo, deberán ir acompañadas de los documentos o pruebas que acrediten las medidas implantadas, cuando así se indique en el cuestionario.
1. La tramitación del expediente corresponderá al alcalde o al concejal de turismo. Éste fijará los plazos de presentación de las solicitudes y organizará todos los trámites necesarios hasta la resolución. Las solicitudes que no cumplan con el requisito establecido en el artículo 3.2 letra a) serán excluidas. Esta persona también se encargará de aprobar los modelos y documentos normalizados necesarios para la correcta aplicación de las disposiciones de este reglamento.
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El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas con el mandato de realizar un estudio integral dirigido a modernizar el sector público español, dotarle de mayor eficiencia y eliminar las duplicidades que le afectan y simplificar los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos y las empresas se relacionan con la Administración.
El informe, que fue elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, realizó 218 propuestas basadas en el convencimiento de que una economía competitiva requiere de unas administraciones públicas eficientes, transparentes, ágiles y centradas en el servicio a los ciudadanos y a las empresas. En la misma línea, el Programa Nacional de Reformas de España para 2014 establece la necesidad de impulsar medidas para racionalizar la acción administrativa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad.
Esta convicción se inspira en lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Constitución Española, cuando establece que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderá a criterios de eficiencia y economía.
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La Constitución de 1978 declara en su artículo 103.1 que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley.
La Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que son Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y las entidades de derecho público.
La estructura de la Administración Pública de España está compuesta por numerosas Administraciones, que se pueden dividir en tres grupos Las Administraciones Territoriales (son las administraciones que necesitan del territorio para existir como la Administración General del Estado), las Administraciones Instrumentales o Institucionales (la clave para existir es el personal) y las Administraciones Corporativas (conjunto de personas de un mismo gremio que a veces realizan actividades de carácter público).
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El Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (eIDAS), es plenamente aplicable a partir del 1 de julio de 2016.
La información expuesta en la página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) sobre los prestadores de servicios de certificación electrónica se ha adaptado a la nueva clasificación y categorías de servicios previstas en el citado Reglamento eIDAS.
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad, creada por la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, es un órgano colegiado integrado por representantes de diferentes departamentos ministeriales y Organismos, del Ministerio Fiscal, así como de las Comunidades Autónomas. Es el máximo responsable del desarrollo de la política antiblanqueo en España. Actualmente está regulada por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.