Artículo 39 bis
SECCIÓN 1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residan. Ningún Estado dictará ni aplicará ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a persona alguna de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido procedimiento legal; ni negará a persona alguna, dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes.
Aunque el alcance de los derechos protegidos por el debido proceso sustantivo puede ser controvertido, su base teórica está firmemente establecida y constituye la base de gran parte de la jurisprudencia constitucional moderna. La aprobación de las Enmiendas de Reconstrucción (13ª, 14ª y 15ª) otorgó a los tribunales federales la autoridad para intervenir cuando un Estado amenazaba los derechos fundamentales de sus ciudadanos,39 y una de las doctrinas más importantes que se derivan de ello es la aplicación de la Carta de Derechos a los Estados a través de la Cláusula del Debido Proceso.40 A través del proceso de “incorporación selectiva”, la mayoría de las disposiciones de las ocho primeras Enmiendas, como la libertad de expresión, la libertad de religión y la protección contra registros e incautaciones irrazonables, se aplican contra los estados igual que contra el gobierno federal. Aunque la aplicación de estos derechos contra los estados ya no es controvertida, sí lo ha sido la incorporación de otros derechos sustantivos, como se analiza en detalle más adelante.
Artículos 39 y 39 bis
Dictamen 08-210/09-01 Un juez municipal a tiempo parcial que esté autorizado a ejercer la abogacía no podrá ejercer la abogacía en ningún tribunal del que forme parte, pero podrá ejercer la abogacía en otro tribunal situado en el mismo condado en el que presida ante un juez que no esté autorizado a ejercer la abogacía y en cualquier tribunal situado fuera del condado en el que presida ante un juez que esté autorizado a ejercer la abogacía y ante un juez que no esté autorizado a ejercerla. El asociado del juez puede ejercer la abogacía en cualquier tribunal situado en el mismo condado donde el juez preside ante un juez al que se le permite ejercer la abogacía y ante un juez al que no se le permite ejercer la abogacía y puede utilizar papelería de oficina de abogados en relación con dichas comparecencias siempre que no revele la condición de juez. Una vez iniciado un caso, un juez no puede transferir el caso a otro juez que no esté autorizado a ejercer la abogacía únicamente para permitir la comparecencia de un juez abogado.
Dictamen 09-03 Un juez a tiempo parcial que no sea abogado, pero que represente a los propietarios en los procedimientos judiciales en virtud de un poder notarial y que también asesore y asista a los “clientes” sobre los procedimientos de desahucio, está sujeto a las mismas restricciones aplicables a los jueces abogados, tanto cuando comparezca ante otros jueces abogados que presidan en otros tribunales del mismo condado en el que preside como cuando lo haga como juez presidente.
Artículo 39 (f)
Véase, por ejemplo, 159 Cong. Rec. S1160-61 (ed. diaria del 6 de marzo de 2013) (declaración del senador Rand Paul respaldando el caso Lochner contra Nueva York); David N. Mayer, Liberty of Contract: Rediscovering a Lost Constitutional Right (2011); Clark M. Neily III, Terms Of Engagement: How Our Courts Should Enforce the Constitution’s Promise of Limited Government (2013); Timothy Sandefur, The Right to Earn a Living: Economic Freedom and the Law (2010); Bernard H. Siegan, Economic Liberties and the Constitution (1980).
Véase Michael Les Benedict, Laissez-Faire and Liberty: A Re-Evaluation of the Meaning and Origins of Laissez-Faire Constitutionalism, 3 Law & Hist. Rev. 293, 314-17 (1985); Steven G. Calabresi & Larissa C. Leibowitz, Monopolies and the Constitution: A History of Crony Capitalism, 36 Harv. J.L. & Pub. Pol’y 983 (2013); Michael Conant, Antimonopoly Tradition Under the Ninth and Fourteenth Amendments: Slaughter-House Cases Re-Examined, 31 Emory L.J. 785 (1982); Jeffrey Rosen, Class Legislation, Public Choice, and the Structural Constitution, 21 Harv. J.L. & Pub. Pol’y 181, 182 (1997); Cass R. Sunstein, Naked Preferences and the Constitution, 84 Colum. L. Rev. 1689 (1984).
Artículo 39 (d)
La Decimocuarta Enmienda (Enmienda XIV) a la Constitución de los Estados Unidos fue adoptada el 9 de julio de 1868, como una de las Enmiendas de Reconstrucción. Considerada a menudo como una de las enmiendas más importantes, aborda los derechos de ciudadanía y la igualdad de protección ante la ley, y fue propuesta en respuesta a los problemas relacionados con los antiguos esclavos tras la Guerra Civil estadounidense. La enmienda fue muy contestada, especialmente por los estados de la derrotada Confederación, que se vieron obligados a ratificarla para recuperar la representación en el Congreso. La enmienda, en particular su primera sección, es una de las partes más litigiosas de la Constitución, ya que constituye la base de decisiones históricas del Tribunal Supremo, como la de Brown contra el Consejo de Educación (1954), relativa a la segregación racial, la de Roe contra Wade (1973), relativa al aborto, la de Bush contra Gore (2000), relativa a las elecciones presidenciales de 2000, y la de Obergefell contra Hodges (2015), relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo. La enmienda limita las acciones de todos los funcionarios estatales y locales, y también de aquellos que actúan en nombre de dichos funcionarios.