Real decreto 10 2010

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Real Decreto Legislativo 5/2000, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado hasta el Real Decreto 306/2007, de 2 de marzo, Boletín Oficial del Estado nº 67, 19 de marzo de 2007 páginas 11749-50. http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/5742&codmap= http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html#a40

Real Decreto 1/1995 por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, de 24 de marzo de 1995 modificado hasta la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de marzo de 1995, Boletín Oficial del Estado No. 75/1995, 29 marzo 1995, Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores con las normas modificadoras de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo). http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-7730 http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/18/pdfs/BOE-A-2010-14301.pdfRemarks: Este Decreto se aplica a todas las categorías de trabajadores del sector privado.Art.1

Pensamientos y reacciones a la lista de prohibiciones del 1 de septiembre

Para la realización de determinadas operaciones en España, las partes de las mismas, con carácter previo a su realización, deben aportar documentación específica relativa a su identidad y a su actividad empresarial o profesional, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (“PBC/FT”).

Las principales obligaciones aplicables en España en materia de PBC/FT se establecen en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (“Ley 10/2010”)24 y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 (“Real Decreto 304/2014”).

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El Reglamento Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión, de 31 de enero de 2019, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las medidas mínimas y al tipo de medidas adicionales que deben adoptar las entidades de crédito y financieras para reducir el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en determinados terceros países, entró en vigor el 3 de septiembre de 2019.

Marcha de todas las manos

El espíritu de la Directiva es garantizar la movilidad de los pacientes y, para ello, posibilita su libertad de elección y se opone a cualquier tipo de discriminación por razón de nacionalidad. Todo ello está en consonancia con la consideración de la asistencia sanitaria como un servicio que debe garantizar siempre un alto nivel de protección de la salud humana.

Una característica esencial de la Directiva es que sus exigencias no suponen ni una nueva regulación de los sistemas sanitarios ni una modificación sustancial de los mismos. Sin embargo, a partir de este momento se plantea un nuevo escenario sanitario en la Unión Europea. Proclama el pleno respeto a las diferencias de los sistemas sanitarios nacionales y a las competencias de los Estados miembros en materia de organización y prestación de servicios sanitarios, reconociendo la libertad de estructurar sus propios sistemas de salud y seguridad social.

La Directiva también pretende aclarar las relaciones de la asistencia sanitaria transfronteriza que regula con el actual marco de coordinación de los sistemas de seguridad social contenido en el Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y en el Reglamento (CE) nº 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.

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Research carried out prior to the UK’s withdrawal from the European Union on 31 January 2020, and published subsequently, may include data relating to the 28 EU Member States. Following this date, research only takes into account the 27 EU Member States (EU28 minus the UK), unless specified otherwise.

Law 10/1997, of April 24, 1997, on information and consultation rights of workers in companies and groups of companies with a community dimension; Workers’ Statute (ET); Law 12/2001 of July 9, 2001, on urgent measures for the reform of the labor market to increase employment and improve its quality; Royal Decree 801/2011, of June 10, approving the Regulation of employment regulation procedures and administrative action on collective transfers; Law 3/2012, of July 6, on urgent measures for the reform of the labor market; Royal Decree Law 11/2013 for the protection of part-time workers and other urgent measures in the economic and social order.

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