Miles de personas marchan contra el feminicidio en Argentina
Una semana antes, Natalia había denunciado que era víctima de violencia de género y había pedido ayuda. La denuncia de la violencia y el maltrato es fundamental para garantizar una respuesta oportuna y eficaz. Sin embargo, el sistema tiene importantes debilidades y, en el caso de Natalia y en muchos otros, resultó insuficiente para protegerla.
Ocho de cada 10 mujeres que llamaron a la línea de atención telefónica informaron de que habían sido maltratadas durante un periodo superior a un año; cuatro de cada 10 informaron de que habían sido víctimas silenciosas de la violencia durante más de cinco años, y ocho de cada 10 informaron de que habían sido maltratadas por sus parejas actuales o anteriores.
Aún así, queda mucho por hacer para aplicar las leyes existentes y garantizar el acceso a los servicios y a la justicia para las mujeres y las niñas que sufren violencia de género, especialmente las que se enfrentan a múltiples formas de discriminación.
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BUENOS AIRES (IPS) – En enero de 2008, Rosana Galliano fue asesinada a tiros en Exaltación de la Cruz, un municipio rural a 80 kilómetros de la capital argentina, Buenos Aires. Su ex marido, José Arce, condenado a cadena perpetua, había contratado a sicarios para matarla.
“En la mayoría de los casos, la mujer hace la denuncia, pero no hay apoyo ni seguimiento para saber qué pasa con ella después. Y cuando los jueces dictan una orden de restricción, no se cumple y la mujer queda indefensa”. – Mabel Bianco
La gente ha respondido saliendo a la calle: desde 2015, una extraordinaria movilización social, que ha continuado hasta hoy, ha instalado el tema en la agenda pública y ha obligado a los políticos a abordar el fenómeno de la alta tasa de feminicidios, término con el que se denominan los asesinatos de mujeres por razones de género.
“Hemos recibido consultas sobre varios casos similares al de los hijos de Rosana Galliano, que no llegan a los medios de comunicación porque las familias de las mujeres asesinadas no quieren hacerlo público”, explica Ada Rico, que dirige La Casa del Encuentro, una organización bonaerense que lucha contra la violencia, el maltrato y la discriminación de las mujeres.
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Manifestantes frente al edificio del Congreso Nacional observan una transmisión en vivo del debate sobre la ley de “Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” en Buenos Aires, Argentina, el 29 de diciembre de 2020.
Los indultos y las leyes de amnistía que protegían a los funcionarios implicados en los crímenes de la dictadura de 1976-1983 fueron anulados por la Corte Suprema y los jueces federales a principios de la década de 2000. Hasta junio de 2021, la Fiscalía General informó de 3.493 personas imputadas, 1.030 condenadas y 159 absueltas. De 631 investigaciones por delitos de lesa humanidad, los jueces habían dictado sentencia en 256.
La Procuración Penitenciaria de la Nación reportó 176 presuntos casos de tortura o maltrato en cárceles federales en 2020 y 77 de enero a junio de 2021. La Procuraduría General de la República reportó 16 muertes violentas de personas detenidas en cárceles federales en 2020.
Un “consejo de expertos” nombrado por el presidente Fernández en agosto de 2020 para proponer reformas al Consejo de la Magistratura, la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República presentó su informe en diciembre de 2020. Las recomendaciones incluyen la modificación de la estructura del Consejo de la Magistratura y el establecimiento de un límite de mandato para el fiscal general, que actualmente es vitalicio. Algunos de los 11 expertos del Consejo tenían vínculos con funcionarios investigados, entre ellos el abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo cargo le otorga inmunidad frente a la detención por múltiples cargos de corrupción.
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La periodista Irene Benito cubrió recientemente el feminicidio de la maestra Paola Tacacho, de 32 años. Tacacho fue asesinada a sólo 200 metros de la casa de Benito en el centro de Tucumán, Argentina: Benito escuchó los gritos mientras ella trabajaba.
Tacacho había acudido a las autoridades locales para presentar 13 denuncias contra él en ese tiempo, obtuvo una orden de alejamiento que él ignoró, y finalmente lo llevó a los tribunales. Un juez rechazó el caso, alegando falta de pruebas de acoso.
El punto de vista de las mujeres en este tipo de historias ha estado históricamente ausente en las redacciones, especialmente en América Latina. Con tan pocas mujeres y personas LGBTQ en la industria, sus voces y su impacto en las redacciones siguen siendo marginados.
“Los medios de comunicación son canales de difusión de las reivindicaciones de las mujeres, pero no miramos hacia dentro. Es como si estuviéramos lejos de la reivindicación de la igualdad, la equidad y la diversidad”, afirma Benito, que formó parte del equipo de investigación. Para ella, la investigación supone un gran paso adelante en el reconocimiento de la magnitud del problema.
Benito descubrió que, aunque hay mujeres que son líderes de opinión con influencia en las redacciones, por lo general no están en puestos de decisión para dirigir equipos dentro de la redacción. Asumen funciones de liderazgo diferentes e informales que son importantes -como el liderazgo moral-, pero no son reconocidas como las que dirigen el barco. Ha llegado el momento de hablar de la inclusión de género en estas redacciones.